La Sala Constitucional ordenó un alto a las construcciones dentro del Parque Nacional Las Baulas y su zona de amortiguamiento, en Guanacaste, Pacífico Norte de Costa Rica, para proteger a las tortugas marinas.
Al declarar con lugar el recurso, el Alto Tribunal anuló todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino la Baulas, y ordena al Ministerio de Ambiente y Energía continuar de inmediato con los procesos de expropiación de tales propiedades.
Además, ordena a Sonia Espinoza Valverde, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia para no tramitar nuevas viabilidad dentro del parque, según la resolución 2008-18529 dada a conocer este miércoles y acordada el 16 de diciembre anterior.
Otra obligación que deberá cumplir SETENA, junto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), y las municipalidades de Santa Cruz, Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo es el realizar un estudio integral sobre el impacto de las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de amortiguamiento del Parque.
La Sala determinó que se deben tomar las medidas necesarias en donde se valore si conviene mejor expropiar a quienes habitan allí.
En dicho estudio deberán determinar el impacto que el ruido, las luces, el uso del agua para consumo humano, las aguas negras y servidas y la presencia humana produciría sobre todo el ecosistema de la zona, principalmente a la tortuga baula.
Indicó que los resultados deberán estar en un plazo de seis meses máximo, a partir de la notificación de la resolución constitucional.
También se ordenó dejar suspendidas y supeditar la validez de las viabilidades ambientales otorgadas a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas.
Esa medida se debe acatar "hasta tanto no esté listo el estudio integral anterior, así como la paralización del trámite de las solicitudes de viabilidad ambiental de las propiedades ubicadas dentro de esa misma".
Además, se suspendió la validez de los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Santa Cruz a las propiedades ubicadas en la zona de amortiguación hasta que esté listo el estudio y la anulación de los permisos que ya fueron otorgados por dicho gobierno local y no tuvieran la viabilidad ambiental.
El fallo se comunicó a la Contraloría General de la República para que realice las investigaciones del caso y siente las responsabilidades.
El Alto Tribunal Constitucional también estableció la responsabilidad de tomar las medidas y previsiones dentro del ámbito de sus competencias para la preservación de todo el ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas a las jefaturas de instituciones como el SETENA, al MINAE, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), la dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al Departamento de Cuencas Hidrográficas de Acueductos y Alcantarillados, a los alcaldes de Hojancha, Nandayure, Santa Cruz, Carrillo y Nicoya.
El recurso de amparo lo interpuso una mujer de apellidos Padilla Gutiérrez y otros contra las entidades públicas mencionadas por considerar que el desarrollo urbanístico de la zona afecta negativamente el ambiente, al no tomarse previsiones para la protección del recurso hídrico, la recolección de desechos sólidos y la afectación en perjuicio de la tortuga baula y todo su ecosistema.
La Sala pide que en el estudio se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula.
Ordenó también a todas las instituciones involucradas tomar todas las medidas y previsiones dentro del ámbito de sus competencias a efectos de preservar todo el ecosistema del Parque Nacional Marino Las Baulas.
El voto de la Sala IV condena al Estado y a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Historia
El presidente Oscar Arias, tras promulgar la Iniciativa Paz con la Naturaleza y ante presiones de unos inversionistas, conformó una comisión integrada por especialistas de alto nivel para que analizaran si procede continuar con los procesos de expropiación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste.
Esta comisión, apegada a los estudios técnicos de fragilidad ambiental realizados en Playa Grande y Tamarindo, y luego de consultar a diferentes grupos y de visitar el Parque, concluyó que: "El Parque Baulas fue bien concebido desde el punto de vista de la protección de las tortugas Baulas, al incluir dentro de sus límites una franja terrestre de ciento veinticinco metros a partir de la pleamar ordinaria, en las Playas Grande, Ventanas y Carbón".
Dicha comisión recomendó la adquisición pública a través del procedimiento de expropiación como mejor solución, tanto para los objetivos del Parque, que versan fundamentalmente sobre la protección del hábitat de anidamiento de las Baulas y los ecosistemas involucrados, así como para el interés de los propietarios de que se respete su derecho de propiedad.
Sin embargo, Arias no escuchó las recomendaciones de la comisión de alto nivel, y mantiene un proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa para segregar dicho parque.
El parque, ubicado a unos 300 kilómetros al noroeste de la capital, fue creado en 1995 para proteger uno de los cinco sitios en el mundo donde desovan las baulas, las tortugas marinas más grandes del planeta, que llegan a pesar 700 kilos.
De sus más de 760 hectáreas, cerca del 50% está en manos privadas, que el Estado debe expropiar para garantizar la protección del parque y para respetar el derecho de los dueños a que les paguen por tierras declaradas bajo protección.
Randall Arauz, de la organización Pretoma, explicó en una oportunidad que en el 2004 se inició el proceso para pagar esas tierras, pero desacuerdos legales en torno a su valor retrasaron el proceso. El año anterior, la Corte Constitucional ordenó al gobierno realizar las expropiaciones al acoger un recurso de los ambientalistas.
Sin embargo, las autoridades aducen carecer de los 500 millones de dólares necesarios, de acuerdo a recientes declaraciones del viceministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, por lo que una opción está en modificar los límites del parque.
Existen dos proyectos de ley presentados por la legisladora oficialista Maureen Ballestero y otro del diputado Jorge Eduardo Sánchez, del progubernamental partido Unidad Socialcristiana, pero no satisfacen a los ambientalistas pues el primero excluye unos cerros al norte del parque, mientras el segundo excluye incluso la playa.
"Las tortugas no anidan en la montaña pero si allí se llegan a permitir desarrollos, la iluminación y otros factores alejarán a las Baulas", explicó Arauz.
Además, resaltó que "sería la primera vez que se segrega un parque nacional, lo que sentaría un triste antecedente. Existe mucha presión sobre los parques nacionales y este es el momento de defenderlos".
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