PAC y ex ministro de PLN piden poner fin a novela del aeropuerto Santamaría
El ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva, y el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marvin Rojas, pidieron al gobierno de Oscar Arias que deje sin efecto el contrato de gestión interesada con la empresa Alterra Partners para la administración del aeropuerto Juan Santamaría.
El único edificio terminal del aeropuerto fue construido por el Estado en el 2.000, mientras que Alterra no ha podido en siete años construir una segunda terminal, entre otros muchos compromisos incumplidos.
Silva y Rojas pidieron, en manifestaciones dadas a la prensa por separado, que se rompa la relación con Alterra, que no ha cumplido con la modernización del aeropuerto internacional, después de siete años de una 'deplorable' gestión.
El diputado Rojas dijo que resulta llamativo que la empresa Alterra Partners ha hecho lo que le ha venido en gana durante tres gobiernos.
Por su parte, Silva, ministro durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998), recordó que el actual gobierno inició la 'rescisión' del contrato en diciembre del 2006, lo que debió haber concluido en febrero del 2007, pero ya lleva más de un año y el hecho no se concreta.
Rodriguez, Pacheco y Arias le han tolerado de todo a Alterra
Alterra, cuyo principal socio es la transnacional estadounidense Bechtel, inició la administración del aeropuerto el 5 de marzo del 2001, durante la administración de Miguel Angel Rodríguez.
Alterra "ha incumplido con el contrato y tres gobiernos, incluido el actual, le han dejado hacer a su antojo, sin ponerle fin a toda clase de abusos e incumplimientos", declaró el diputado Rojas.
Rojas recordó que "cuando el Gestor Interesado del Aeropuerto firmó el contrato, se comprometió con diversos aspectos. Primero, que la oferta para obtener el contrato, era una 'oferta en firme' es decir, que nada la haría variar. Pidió que se la variaran a meses de iniciado el contrato. Se comprometió con precios tope inalterables, precios que según el contrato, nunca sobrepasaría, los sobrepasó desde el inicio. Se comprometió a hacerse cargo de los riesgos empresariales, pero como dilapidó sus recursos pagando sobreprecios y comisiones a sus socios según se ha demostrado, ha pretendido que el Estado -es decir, toda la ciudadanía- le resuelva la situación. En este caso concreto pagó cuarenta y un mil quinientos millones de colones (83 millones de dólares), por obras que costaban dieciocho mil quinientos millones de colones (37 millones de dólares): más del doble".
Alterra ha recibido 150 millones de dólares solo por tarifas
El diputado agregó que Alterra "tiene 5 años de cobrar tarifas ilegales. La Contraloría ordenó, desde el 2003, suspender el cobro de tarifas a los pasajeros porque estaban cobrando una tarifa ilegal, y Alterra no hizo caso. Han recibido 150 millones de dólares por concepto de ingresos en el Aeropuerto y nadie sabe qué hicieron con ese dinero: aún no han construido la segunda terminal de pasajeros, salas, puentes de abordaje, calle de rodaje y, desde hace dos años, el Aeropuerto está sin luces de aproximación".
Rojas señaló además que Alterra "ha presentado 32 reclamos al Gobierno, 13 demandas arbitrales contra el Estado por 117 millones de dólares, 116 recursos para frenar el cobro de multas, un juicio contencioso de cuantía inestimable contra el Estado, ha suspendido obras de manera ilegal, tiene cuatro años de atraso en la conclusión de las mismas, ha perjudicado, gravemente, al turismo en el país y, recientemente, alegó 'fuerza mayor por actos de guerra y actos terroristas' para justificar la suspensión de obras".
MOPT ha amenazado con vaina vacía
El diputado señaló que en diciembre del 2006 las jerarcas del MOPT, la ministra Karla González, y su viceministra Viviana Martín "anunciaron, con bombos y platillos, que rescindirían el Contrato aeroportuario. En junio del año pasado, es decir, seis meses después, volvieron a anunciar lo mismo, dándole, de regalo, 60 días más al Gestor. Esta vez, de nuevo la misma historia en este cuento de burlas y mentiras: rescisión de contrato con 68 días para el Gestor".
"¿Qué le debe este Gobierno a Alterra que las jerarcas del MOPT son tan incapaces de cumplir con su deber y su palabra y aceptan risueñas tanto insulto, a pesar del grave impacto al desarrollo turístico de este país y a la dignidad y la inteligencia de sus habitantes?", se preguntó Rojas.
Silva secunda a diputado del PAC
El 18 de marzo, una semana después que Rojas, el ex ministro Silva salió una vez más a la prensa a reafirmar su posición de exigirle al gobierno que de por terminado el contrato del aerlopuerto.
"En la prensa se califica de 'vergüenza nacional postergar una vez más la decisión de qué hacer'. Ni se mete en cintura a Alterra, que ya lleva cuatro años de atraso, mientras los demás países nos dejan atrás, ni el contratista tiene capacidad de cumplir", señaló Silva.
Silva dijo que el mito de que la empresa privada es más eficiente que el Estado para realizar obras fue derribado por Alterra.
"La ilusión de que una empresa sería más eficiente para hacer las obras se esfumó. El Estado hizo su parte, entre 1996 y el 2000: Plan Maestro, el diseño de la nueva terminal, licitó su construcción y la del edificio de control de tráfico aéreo y su radar digital. Todo fue terminado en el 2000 por empresas nacionales antes de que Alterra siquiera soñara con venir al país", precisó Silva.
Igual que el diputado Rojas, Silva recordó que "Alterra ha incurrido en graves incumplimientos. Intentó cargar costos no autorizados al proyecto y gastó imprudentemente los $90 millones de préstamos bancarios y $35 millones de capital en sobreprecios y en comisiones; pagó a sus propios socios $83 millones por obras que solo valían $37 millones y duplicó los gastos de mantenimiento".
Silva se preguntó además "¿qué ha hecho con $150 millones recibidos entre el 2002 y el 2007 de ingresos del aeropuerto? Alterra nunca ha respondido a esta pregunta. Las obras de la primera etapa solo costaban $80 millones y Alterra no las ha concluido. Suspendió cinco veces los trabajos ilegalmente 'suma unos 1.500 días de parálisis', causando un enorme perjuicio al país".
Silva pide a gobierno amarrarse los pantalones
Silva manifestó que "Alterra ha tratado de ignorar el contrato, producto de una licitación, y ha pretendido cambiarlo a su gusto. Gestionó unaddendum tras otro para aumentar ilegalmente sus ingresos. Pretendió extender cinco años más el contrato, hasta el 2026, lo que le habría dado ingresos extras por $300 millones. Acabó los fondos disponibles y trató de que el Gobierno le sacara las castañas del fuego, a pesar de que el contrato dice claramente que Alterra es la responsable de financiar el proyecto".
El ex ministro agregó que "sería un pésimo precedente premiar al contratista incumplido y rebelde. Sufriría mengua el Estado de derecho y el país proyectaría una imagen de que los contratos se pueden modificar mediante presión política. Sería un ejemplo funesto para quienes confían en que Costa Rica es un país donde se hacen cumplir las leyes y los contratos".
"La comedia de Alterra debe terminar y no puede tolerarse que el proceso de rescisión del contrato, iniciado en diciembre del 2006, se prolongue por más tiempo", puntualizó.
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