FRANKLIN VIVEROS VIVEROS, un colombiano que actuaba como enlace de las Farc en Costa Rica para negocios de narcotráfico y blanqueo de dinero, simuló un matrimonio con una joven que resultó ser una indigente y consiguió así ampararse bajo una fachada de legalidad para cumplir una misión que por fortuna se vio frustrada: el secuestro o asesinato de Fernando Berrocal, entonces ministro de Seguridad de ese país.
El pasado 5 de marzo, antes de que hubiera evidencia de las intenciones de Viveros, las autoridades de migración costarricenses descubrieron que Vannesa Murillo, la mujer que figuraba en una partida matrimonial como esposa de aquel, era en realidad alguien que vivía de la caridad pública en la zona roja de San José y que nunca en su vida había visto a su supuesto cónyuge. Por eso deportaron al colombiano.
Tras su llegada a Bogotá, Viveros desapareció para ponerse a salvo de una cruenta purga iniciada en febrero pasado por las Farc, como consecuencia de la pérdida de millonarios recursos que el frente 57 de la guerrilla proyectaba blanquear utilizando el circuito financiero del país centroamericano y de la caída de un cargamento de cocaína interceptado por la Armada colombiana en alta mar.
La primera evidencia de la purga y de todo lo que había detrás de ella apareció el 7 de febrero pasado en un paraje del río Cauca. Allí fueron encontrados los cadáveres de los hermanos Huber y Dagoberto González Rivas, cabezas de la red a la que pertenecía Viveros. Oriundos de Pizarro, en el Bajo Baudó chocoano, los hermanos González pertenecían a un clan familiar que desde 1999 se había dedicado a organizar redes de testaferros y a lavar activos tanto para la guerrilla como para el frente Héroes del Pacífico, una organización de autodefensas conectada con la organización del narcotraficante Wilber Alirio Varela, 'Jabón'.
Las fotografías de sus cuerpos desfigurados fueron anexadas a un expediente de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía colombiana que ese momento ya había identificado cerca de 50 bienes producto de operaciones de blanqueo para las Farc y se disponía a impulsar un proceso para la extinción de dominio.
El enlace mayor
Una misión de inteligencia realizada conjuntamente por el CTI y la Policía Nacional, con la cooperación de las autoridades costarricenses, encontró que Huber González había sido el encargado de organizar las redes de apoyo de las Farc en territorio 'tico'. Sin embargo, la estantería de la organización comenzó a caerse cuando el ministro Berrocal y el fiscal de Costa Rica, Francisco Dall'Anesse, denunciaron su existencia en noviembre del año pasado.
De acuerdo con las fuentes consultadas por CAMBIO, las Farc ordenaron a sus contactos organizar un complot criminal contra el ministro Berrocal, quien desde entonces había anticipado que se proponía desvelar la existencia de contactos de la guerrilla en círculos oficiales de su país. El contenido de la computadora de 'Raúl Reyes', abatido el 1° de marzo en un campamento en suelo ecuatoriano, confirmó las denuncias previas de Berrocal. El Ministro, sin embargo, renunció en vísperas de una sesión parlamentaria en la que se proponía revelar nombres y circunstancias específicas.
Hay tres documentos de inteligencia coincidentes que mencionan a Viveros y a los González como punta de lanza de una operación contra Berrocal, ordenada directamente por el secretariado de las Farc.
La dimensión de la organización conectada por las Farc allí ha sido conocida por la Fiscalía colombiana gracias al concurso efectivo de varios testigos de primera mano. Uno de ellos, Patricia Cutiva Cañón, ex contadora de la organización, protegida actualmente por las autoridades. Aunque ella no habló de las operaciones de la guerrilla de Costa Rica, sí hizo un amplio inventario de los bienes adquiridos en Colombia por la organización de los González Rivas y sus testaferros y suministró incluso los números de las cuentas bancarias.
Testigo clave
La contadora, amparada actualmente por el régimen de protección de testigos, dijo que se retiró de su trabajo cuando advirtió que las empresas cuya contabilidad tenía a cargo solo presentaban pérdidas y que varias de ellas figuraban sobre el papel. "También cuando quisieron obligarme a participar de sus extorsiones", declaró la testigo durante una diligencia realizada en la Fiscalía 162 delegada ante el CTI en Cali.
Entre los bienes denunciados por ella se encuentran Newbeach Fish Shop, en Cali, una empresa de cabotaje en Buenaventura y varios edificios o residencias de lujo en Armenia y otras zonas del Eje Cafetero.
La Fiscalía General de Colombia considera que aun cuando hubo una desbandada de enlaces de las Farc en Costa Rica después de la muerte de 'Raúl Reyes', aún persisten allí factores de riesgo porque no todos han sido localizados.
Por lo pronto no se sabe qué manejo le está dando el gobierno costarricense a la información que el hoy ex ministro Berrocal no pudo hacer pública por recomendación presidencial.
Comentarios