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COSTA RICA LEVANTA MORATORIA A MINERÍA QUE ESTABA VIGENTE DESDE 2002




San José, (EFE).- El gobierno de Costa Rica levantó la moratoria a la minería que estaba vigente desde 2002 y en su lugar estableció requisitos que considera suficientes para garantizar el uso sostenible de los suelos y la protección del medio ambiente, informó hoy una fuente oficial.
Una portavoz del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) explicó a Efe que el levantamiento de la moratoria se produjo mediante un decreto firmado por el presidente Óscar Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles.

"En el futuro, las empresas interesadas en desarrollar la minería, tanto metálica como no metálica, en el país, deberán cumplir una serie de estrictas normas de protección al ambiente", adicionales a los estudios de viabilidad ambiental, indicó hoy el MINAE en un comunicado.

La moratoria a la minería estaba vigente desde el año 2002 cuando el entonces presidente, Abel Pacheco, la estableció vía decreto, debido a sus posibles daños ambientales.

Los nuevos requisitos obligan a las empresas mineras a sembrar tres árboles por cada uno que corten, involucrar a las comunidades en los beneficios de la actividad y garantizar el cumplimiento de sistemas eficientes de gestión ambiental.

Además, "brindar estricta protección a los recursos hídricos superficiales y subterráneos", ayudar a los gobiernos locales a elaborar y ejecutar planes de desarrollo socioeconómico y ambiental, y a cooperar con la recuperación ambiental de áreas degradadas.

Según el gobierno, la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE tendrá la responsabilidad de hacer cumplir los nuevos requisitos y además designará un laboratorio certificado para que tome muestras del material que se utiliza en las minas.

Este decreto es válido tanto para nuevos proyectos mineros como para los que están operando actualmente que podrán adherirse "voluntariamente", según el ministerio.

El gobierno también decidió autorizar la explotación de oro en la Mina Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, debido a que la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures, "cumple con la viabilidad ambiental, social y económica".

Esta decisión ha causado el rechazo de organizaciones ambientalistas como la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), que asegura que ese proyecto contaminará el medio ambiente y los mantos acuíferos.

La organización ambientalista considera además que su ubicación a tres kilómetros del Río San Juan, fronterizo con Nicaragua, puede causar un conflicto internacional si hay contaminación de sus aguas. EFE

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