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Fiscalía investiga a Oscar Arias por
autorizar polémica mina


SAN JOSE, (AFP)La Fiscalía de Costa Rica ordenó investigar por
"prevaricato" al presidente Oscar Arias y al ministro de Ambiente, Roberto
Dobles, por un decreto que declaró "de interés nacional" la explotación de
una mina de oro en el norte del país, lo que implica talar un bosque con
especies protegidas.

El lunes "la Fiscalía General de la República ordenó iniciar una investigación
contra el presidente de la república Oscar Arias Sánchez y el Ministro de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles Mora, por la
posible comisión del delito de prevaricato", indicó la Fiscalía este martes en
una escueta nota de prensa.

La investigación se origina en un decreto firmado por ambos el 17 de
octubre, en el cual se declara "de interés público y conveniencia nacional el
Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la Empresa Industrias Infinito
S.A.", agrega.

El decreto gubernamental, que provocó la ira de las organizaciones
ecologistas, autoriza a la empresa --subsidiaria de la canadiense Vanessa
Ventures Incorporation-- a talar 262 hectáreas de bosques en la región
fronteriza con Nicaragua.

La autorización incluye la corta de especies protegidas por ley, como el árbol
de almendro amarillo, que alberga a las lapas (guacamayas) verde y roja,
ambas en peligro de extinción.

El gobierno de Arias, Premio Nobel de la Paz 1987, ha hecho de la
protección del ambiente uno de sus estandartes.

El prevaricato o prevaricación es un delito que comete una autoridad,
funcionario público o magistrado al dictar a sabiendas una resolución que no
se ajusta a la ley.

El lunes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió un
recurso de amparo de un ciudadano y ordenó suspender de manera
inmediata el permiso concedido por el gobierno a la empresa minera, que
según fuentes de la zona ya había empezado la tala de decenas de árboles.

Líderes de organizaciones ambientalistas y de comunidades aledañas al
proyecto minero han advertido que, además de la deforestación, éste
causará contaminación de las fuentes de agua de la zona con sustancias
altamente tóxicas como el cianuro.

El controvertido proyecto toca también los intereses de Nicaragua, pues se
desarrolla a escasos 3 km del río San Juan, que sirve de frontera y que
-según expertos de ambos países- resultará inevitablemente contaminado
con los tóxicos, al igual que sus afluentes.

El impacto de esta actividad minera, afirman los ambientalistas
costarricenses, aumentará las tensiones con Nicaragua, con el cual existe ya
un litigio por el uso del río San Juan que se dirime en la Corte Internacional
de Justicia de la Haya.

La oficina de prensa de la Presidencia dijo a la AFP que por el momento no
había ninguna reacción del mandatario a la decisión de la Fiscalía.

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